Se atienden controversias sobre servidumbres de paso, acueducto, luces y vistas, medianerías, acciones posesorias y reivindicatorias, deslindes de fincas y montes y disputas de gran superficie. El enfoque combina un análisis documental exhaustivo (títulos, notas registrales, planos, ortofotos, cartografía catastral) con negociación temprana para evitar judicializar. Cuando es inevitable litigar, se impulsa prueba pericial topográfica y documental sólida y se valoran medidas cautelares para proteger la posesión y el valor de la finca.

El deslinde parte de revisar títulos y antecedentes, y de medir con precisión mediante peritaje topográfico para fijar la línea divisoria real. Con esos resultados se promueven rectificaciones ante Catastro (superficies, geometría y referencias) y, en paralelo, se solicitan inscripciones registrales que consoliden la realidad física en el folio. El despacho coordina peritos, vecinos y administraciones, documenta hitos y coloca mojones si procede, asegurando que la solución sea técnica y jurídicamente estable.

Lo recomendable es requerir fehacientemente, recabar pruebas (fotografías, mediciones, testigos) y analizar si la servidumbre existe por título o por prescripción. Se exploran acuerdos que definan trazados, anchos y usos compatibles. Si no hay entendimiento, se ejercitan acciones posesorias o reivindicatorias o se defiende la inexistencia de la servidumbre. La estrategia jurídica busca proteger el derecho real con rapidez y proporcionalidad, evitando escaladas que encarezcan el conflicto.

En montes extensos o comunales intervienen múltiples colindantes y, a menudo, administraciones. La solución requiere estudiar deslindes administrativos históricos, licencias y aprovechamientos forestales o cinegéticos. Se combinan informes topográficos y negociaciones multilateralmente coordinadas. Si fracasa el acuerdo, se litiga con periciales robustas y medidas que eviten daños irreparables, buscando una sentencia clara, ejecutable y alineada con la protección ambiental.

Es clave para objetivar lindes, superficies y servidumbres frente a percepciones subjetivas. Un perito topógrafo aporta levantamientos y coordenadas georreferenciadas; la prueba documental coteja títulos, antecedentes registrales y catastrales. El abogado integra ambas para construir una narrativa persuasiva que facilite el acuerdo o convenza al juez. Además, asegura que los cambios se reflejen en Catastro y Registro para que la solución no quede solo en papel.

Sí. Es habitual iniciar con requerimientos formales y propuestas de acuerdo que abran una vía rápida y menos costosa. En paralelo, si existe riesgo para la posesión o el valor del bien, se solicitan medidas cautelares y se preparan acciones principales (posesorias, reivindicatorias o de deslinde). Este doble carril mantiene la presión procesal, pero deja espacio a salidas pactadas que preserven relaciones vecinales y reduzcan costes.